La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kidetza, exigió ayer la puesta en marcha del Fondo de Garantía Social para los casos de impago de las pensiones alimenticias, una iniciativa que, según indicaron, recibió ya en 2008 el visto bueno unánime del Parlamento Vasco y que todavía no ha sido desarrollada. Justo Sáenz, presidente de Kidetza; Charo Fernández y Arantxa Bergara, vicepresidenta y secretaria respectivamente de la Asociación Guipuzcoana de Padres y Madres Separados (Agipase), afirmaron en rueda de prensa que en los tiempos actuales, dada la situación de crisis que vive el país, la puesta en marcha de este proyecto es más necesaria que nunca.
«Si la recesión económica está afectando de manera importante a las personas separadas, todavía está repercutiendo de forma mucho más directa sobre los hijos menores. Y nosotros, desde hace ya muchos años, queremos darles entidad jurídica. No hay que apoyar a la madre o al padre porque tengan hijos; a quienes hay que apoyar es a los menores», manifestó Justo Sáenz.
Los representantes de Agipase y Kidetza desvelaron que los casos de impagos han aumentado en los últimos cuatro años del 19% al 32%. «Nos vienen muchos padres diciendo que su situación laboral ha cambiado, que no pueden hacer frente a la pensión alimenticia. Y no es que no quieran pagar, es que no pueden hacerlo», explicó Arantxa Bergara, quien recordó que en el Estado español, la Administración aporta 100 euros por cada menor. «Aun cuando se trata de una cantidad ridícula, aquí no tenemos ni eso. La indefensión, por lo tanto, es total. Por ello, entendemos que el nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones ha de poner el marcha el fondo de manera inmediata, ya que las situaciones que nos llegan están siendo dramáticas. No puede dilatarse por más tiempo».
El fondo, según explicó Sáenz, contó en 2008 con el apoyo de todas las formaciones políticas vascas. «Se introdujo la figura, pero ni se elaboró el reglamento ni tampoco se ha aportado presupuesto alguno. Está durmiendo el sueño de los justos. A todos les parece muy bonito, pero nadie da el paso. Exigimos responsabilidad. Si hay que preocuparse del menor, es preciso actuar. No bastan sólo las palabras», señaló.
500.000 euros
Kidetza propone que en los presupuestos del próximo año se incluya una partida de hasta 500.000 euros para dicho fondo y entiende que por cada hijo se deberían percibir 400 euros.
Justo Sáenz reclamó asimismo la creación de una ley vasca de vivienda «que contemple el derecho de cada ciudadano a un piso digno y que éste pueda ser reclamado por la vía judicial».
Asimismo, el presidente de Kidetza propuso que una parte de los pisos que se permanecen embargados por aquellas entidades financieras cuyos consejos de administración están conformados por partidos políticos, sean destinados a alquiler social. «La vivienda de alquiler social debe ser una prioridad del Gobierno Vasco. El déficit de estos pisos en Gipuzkoa y Bizkaia es impresionante», dijo Sáenz.
Kidetza constata de igual manera un aumento en el número de parejas que se hallan separadas y que se ven abocadas a vivir en la misma vivienda. «La gente no puede liquidar la casa y, en consecuencia, no le queda otro remedio que compartirla, con lo cual la conflictividad a veces termina por estallar», afirman.
«Muchas veces, los cónyuges vuelven con sus padres o buscan otra residencia para poder alquilar el piso y pagar la hipoteca. Hay otros que se turnan: un mes está uno en la casa y el siguiente el otro», explicaron responsables de Agipase.
Las madres y padres separados criticaron asimismo que no se les deje defender en el Parlamento Vasco su proyecto de custodia compartida, que contó con el aval de 85.000 firmas. «Nos encontramos con la sorpresa de que a pesar de que el reglamento de la Cámara de Vitoria lo contempla no se nos permite defender la proposición de ley». Por ello, solicitan la modificación de la Ley de Iniciativas Populares en el País Vasco y la creación de la figura del parlamentario número 76 «para que estas propuestas tengan la posibilidad de presentarse y ser defendidas desde el inicio hasta el final», afirmó Justo Sáenz, quien pidió que se reduzca de 30.000 a 20.000 el número de firmas necesarias para que se puedan tramitar esta clase de iniciativas legislativas.
Kidetza, que solicitó también la creación de una Viceconsejería de Familia, denunció la, a su juicio, discriminación de la que son objeto algunas mujeres por el hecho de pertenecer a asociaciones mixtas y a las que incluso se les priva de la posibilidad de recibir determinadas subvenciones públicas.
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